El Pleno del Ayuntamiento de Madrid rechazó este lunes indemnizar a los propietarios que achatarron sus vehículos sin etiqueta ambiental anticipándose a las restricciones del plan Madrid 360, pese a que posteriormente se aprobaron moratorias que permiten su uso hasta 2026 a los empadronados en la ciudad.
La decisión ha generado críticas entre representantes políticos y asociaciones de conductores afectados, quienes defienden el derecho a compensación por lo que consideran un perjuicio económico injusto.
El debate se enmarca en la transición hacia una movilidad más limpia, donde las Zonas de Bajas Emisiones y las restricciones progresivas a vehículos contaminantes son herramientas clave para cumplir con los objetivos de calidad del aire y las directrices de la Unión Europea.
En Madrid, la polémica gira en torno a la aplicación de Madrid 360, la estrategia de movilidad sostenible que incluye una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el término municipal y que inicialmente prohibía la circulación de los coches más antiguos sin distintivo ambiental de la DGT.
Originalmente se anunció que estos vehículos sin etiqueta no podrían circular a partir del 1 de enero de 2025, una medida que afectaría a cientos de miles de automóviles en la capital.
Sin embargo, tras el anuncio, el Ayuntamiento –encabezado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante– acordó prolongar hasta el 31 de diciembre de 2026 la moratoria que permite a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid seguir circulando.
Esta prórroga responde, según los responsables municipales, al bajo impacto medioambiental de estos coches y al equilibrio entre calidad del aire y movilidad, aunque solo beneficia a residentes en la ciudad y no a vehículos domiciliados fuera de ella.
La negativa a establecer indemnizaciones provocó críticas desde varios grupos políticos. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, sostuvo que la política de restricciones ha causado un “daño económico y moral” a miles de madrileños que, al deshacerse de sus vehículos anticipándose a las prohibiciones, han visto frustradas sus expectativas. Ortega Smith apeló al derecho constitucional a compensación por lesiones a bienes derivados del funcionamiento de servicios públicos, recordando que muchos de esos coches pasaban la ITV, pagaban impuestos y contaban con seguro vigente antes de ser achatarrados.
Desde el equipo de gobierno, Carabante defendió que Madrid 360 ha cumplido sus objetivos de mejorar la calidad del aire manteniendo las necesidades de movilidad.
Subrayó que el Ayuntamiento ha destinado 111 millones de euros en ayudas para renovación de vehículos, con incentivos para la compra de coches más sostenibles y eléctricos, con el fin de acompañar la transición hacia una flota más limpia sin dejar de apoyar a familias y empresas afectadas.
La propuesta también abrió debate interno entre los partidos que apoyan la política de movilidad. El concejal socialista Ignacio Benito instó a contactar con los alrededor de 12.000 madrileños que aún utilizan vehículos sin etiqueta para entender mejor por qué no han renovado su coche. Benito señaló que conocer sus circunstancias reales podría permitir adaptar mejor las ayudas y apoyar eficazmente el cambio hacia vehículos menos contaminantes.
Por su parte, la concejala de Más Madrid, Esther Gómez, criticó duramente la propuesta de indemnización de Vox, calificándola de “negacionista” y acusándola de disfrazar un interés partidista bajo la defensa de los más vulnerables.
Gómez enfatizó que la prioridad debe ser proteger la salud de todos los madrileños, independientemente de si usan coche, y que las políticas públicas deben centrarse en un enfoque amplio de sostenibilidad.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**
