El Tribunal de Cuentas ha señalado deficiencias relevantes en el diseño y la gestión del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) e instó al Gobierno a garantizar una participación más efectiva del sector privado. Así lo recoge el informe de fiscalización correspondiente al periodo 2021-2023, publicado en diciembre, que analiza el funcionamiento y los resultados de uno de los principales instrumentos de política industrial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Perte VEC, el primero aprobado por el Ejecutivo, contempla una inversión total de 24.009 millones de euros, de los cuales 4.295 millones proceden de financiación pública con fondos europeos. Su objetivo es transformar la industria de la automoción en España, reforzar su competitividad y acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado mediante colaboración público-privada. La gestión recae principalmente en el Ministerio de Industria y Turismo.
Uno de los principales reproches del Tribunal de Cuentas se centra en el diseño inicial del Perte VEC, que, según el organismo, no incorporó de manera estructurada la participación de las empresas. La implicación del sector privado se limitó a la presentación de manifestaciones de interés evaluadas mediante un procedimiento informal.
Según el informe, este enfoque “ha impedido la creación de una verdadera colaboración entre ambos sectores”, condicionando negativamente el desarrollo posterior del proyecto y reduciendo su potencial impacto sobre el tejido industrial.
El Tribunal también cuestiona el funcionamiento de los órganos creados para la coordinación y el seguimiento del Perte VEC. En su análisis, destaca que estos órganos han tenido una actividad limitada, con pocas reuniones y escasa coordinación entre las distintas áreas implicadas.
Esta situación derivó en una gestión fragmentada de las diferentes líneas de ayudas, que se tramitaron de forma independiente, sin una integración efectiva. Aunque se definieron objetivos e indicadores, el informe subraya que la ausencia de un órgano responsable de su seguimiento y de un calendario concreto para su cumplimiento redujo significativamente su utilidad práctica.
En cuanto a la ejecución de las ayudas, el Tribunal reconoce una evolución positiva a lo largo del periodo analizado. La primera convocatoria se caracterizó por su elevada complejidad y resultados limitados, mientras que en las posteriores se simplificaron requisitos y procedimientos.
No obstante, el informe advierte de una fuerte concentración de las ayudas concedidas en un número reducido de grandes empresas, lo que limitó el acceso de pymes y otros actores del sector. Además, a finales de 2023 seguía pendiente de adjudicar el 57% de las ayudas previstas, lo que equivale a 2.408 millones de euros sin asignar.
Pese a señalar avances en transparencia, sostenibilidad ambiental y en la implantación de medidas antifraude, el Tribunal de Cuentas identifica carencias en la integración efectiva del principio de igualdad en las convocatorias.
Como conclusión, el organismo recomienda reforzar el diseño y la gobernanza de los Perte, mejorar la coordinación y el seguimiento de sus distintas líneas de actuación y garantizar la participación efectiva del sector privado desde las fases iniciales. Todo ello con el objetivo de maximizar el impacto real de estos instrumentos estratégicos de política pública sobre la economía y la industria española.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**
