Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han evidenciado profundas divisiones en torno a la futura regulación de emisiones de CO2 para coches y furgonetas de cara a 2035, en un debate clave para el rumbo de la industria automovilística.
La discusión gira en torno a la propuesta de la Comisión Europea, que plantea introducir mayor flexibilidad en los objetivos climáticos, rebajando del 100% al 90% la reducción de emisiones y permitiendo compensaciones mediante créditos ligados a combustibles renovables o materiales de baja huella de carbono.
El comisario europeo Wopke Hoekstra defendió que la propuesta busca mantener una dirección clara hacia la descarbonización sin poner en riesgo la competitividad del sector.
En este sentido, subrayó que el transporte por carretera sigue siendo uno de los principales focos de emisiones en Europa, lo que exige una hoja de ruta firme que oriente las inversiones hacia tecnologías limpias, especialmente el vehículo eléctrico.
Sin embargo, el intento de equilibrio entre ambición climática y viabilidad industrial ha abierto una brecha entre los países.
España se ha situado entre los Estados más críticos con la propuesta. Su representante, Oriol Escalas, advirtió de que introducir demasiada flexibilidad podría “desdibujar la señal regulatoria” y frenar la transformación del sector.
El Gobierno español insiste en que la descarbonización de la movilidad debe mantenerse como eje central de la política climática, especialmente en un contexto en el que el transporte sigue aumentando sus emisiones. En la misma línea, Suecia ha pedido no modificar los objetivos ya pactados, alertando del riesgo de generar incertidumbre regulatoria.
Por su parte, Francia ha respaldado la propuesta comunitaria al considerarla un compromiso entre ambición y realismo industrial. La ministra Monique Barbut defendió que el vehículo eléctrico debe seguir siendo el pilar de la transición, aunque aceptó la introducción de flexibilidades siempre que estén sujetas a un marco estricto que evite distorsiones.
Además, París subrayó la necesidad de reforzar la industria europea mediante políticas de “preferencia europea” y fortalecimiento tecnológico.
Otros países como Alemania e Italia han reclamado un enfoque más abierto que no limite la transición únicamente al coche eléctrico. El ministro alemán Carsten Schneider defendió la electromovilidad como principal vía, pero insistió en mantener opciones tecnológicas adicionales para garantizar la competitividad.
Italia fue más allá al pedir el reconocimiento explícito de combustibles neutros en carbono como alternativa viable al vehículo eléctrico.
Países como República Checa o Hungría han planteado incluso revisar el nivel de ambición actual y mantener opciones de motores de combustión más allá de 2035, poniendo el foco en el impacto económico y en el empleo. El debate refleja la complejidad de la transición energética en Europa, donde convergen intereses industriales, climáticos y sociales.
La propuesta continuará ahora su tramitación entre el Consejo y el Parlamento Europeo, en un proceso que será clave para definir el futuro del automóvil en el continente.
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Los Estados miembro de Europa siguen divididos por los motores de combustión, España tiene una postura clara, y el único beneficiado es China
