La Comisión Europea ha advertido formalmente a España de que la rebaja del IVA de los carburantes al 10% incumple la normativa comunitaria. La medida, impulsada como respuesta a la actual crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio, entra en conflicto directo con la legislación europea sobre imposición indirecta.
El aviso fue trasladado mediante una carta enviada el pasado 28 de marzo, en la que Bruselas recuerda que la directiva europea no permite aplicar tipos reducidos de IVA a los combustibles fósiles. La comunicación también afecta a Polonia, que ha adoptado medidas similares.
El problema radica en la Directiva del IVA, que establece qué bienes y servicios pueden beneficiarse de tipos reducidos. Aunque los Estados miembros tienen cierto margen para fijar sus impuestos, existen límites claros en sectores considerados estratégicos.
En el caso de los carburantes, la normativa comunitaria no contempla la posibilidad de aplicar tipos reducidos. Por ello, la decisión del Gobierno español se sitúa fuera del marco legal europeo, pese a su objetivo de aliviar el bolsillo de los consumidores.
El comisario europeo de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, ha sido claro al respecto: la solución no pasa por el IVA, sino por otros instrumentos fiscales.
En lugar de reducir el IVA, la Comisión recomienda actuar sobre los impuestos especiales a los hidrocarburos, que sí dependen directamente de cada país. De hecho, España ya ha aplicado parcialmente esta vía con rebajas por litro de combustible dentro de su paquete de medidas.
Además, desde Bruselas insisten en que cualquier intervención debe cumplir tres principios: ser temporal, selectiva y no incentivar el consumo de combustibles fósiles. Este último punto es clave dentro de los objetivos climáticos de la Unión Europea.
El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha subrayado que las políticas energéticas deben alinearse con la descarbonización y evitar efectos inflacionarios.
A diferencia de la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el actual conflicto en Oriente Medio tiene un alcance global, afectando a múltiples mercados energéticos al mismo tiempo. Esto limita la capacidad de Europa para diversificar su suministro y aumenta la presión sobre los precios.
En este contexto, Bruselas teme que medidas como la rebaja del IVA puedan incrementar la demanda de combustibles fósiles y agravar la situación, tanto en términos económicos como medioambientales.
La tensión energética ha llevado a varios países, entre ellos España, Alemania e Italia, a pedir medidas conjuntas a nivel europeo, como gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
La Comisión Europea trabaja ahora en un nuevo paquete de propuestas para ayudar a los Estados miembros a afrontar el encarecimiento de la energía sin comprometer los objetivos climáticos ni la estabilidad fiscal.
El pulso entre España y Bruselas refleja el difícil equilibrio entre proteger a los ciudadanos frente a la subida de precios y cumplir con las normas europeas y los compromisos climáticos.
La decisión final marcará el margen de actuación de los países en futuras crisis energéticas y el rumbo de la política fiscal en la transición hacia un modelo más sostenible.
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La Comisión lanza una advertencia a España: lo que se ha hecho con los combustibles vulnera la normativa europea
