El despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad obligatoria en el marco de la Unión Europea. La implantación del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR) fijó metas estrictas para garantizar que el crecimiento del parque móvil electrificado vaya acompañado de un suministro energético proporcional y accesible.
El último balance continental sobre esta materia dibuja un escenario optimista a escala comunitaria, aunque deja al descubierto una notable excepción en el mapa de cumplimiento normativo.
El Reglamento AFIR establece un mecanismo de correlación directa entre el número de vehículos eléctricos matriculados en cada Estado miembro y la potencia total que deben ofrecer sus redes de recarga públicas. En términos concretos, la normativa exige que los países garanticen una capacidad de carga mínima por cada automóvil 100 % eléctrico e híbrido enchufable en circulación. Este enfoque busca evitar cuellos de botella en la red y asegurar que la transición hacia las cero emisiones no quede atascada por falta de potencia disponible.
A tenor de los últimos análisis del sector, el balance global en el territorio comunitario es sobresaliente. La inmensa mayoría de naciones ha alcanzado, y en muchos casos superado con creces, los umbrales mínimos requeridos de potencia instalada. Países del norte y centro de Europa, que también son los que tienen una mayor implantación de coches eléctricos, continúan liderando la ratio de kilovatios por vehículo.
Por otra parte, las naciones del sur y del este todavía tienen espacio para mejorar. Por ejemplo, en España la red de recarga pública tiene una implantación dispar, con regiones como Madrid o Barcelona con una buena cantidad de puntos, pero no tantos en otras zonas como Extremadura o Cantabria. Según datos de T&E, se necesitan instalar o mejorar 22 puntos de la red para cumplir con el objetivo total. No obstante, se está acelerando el ritmo de instalación de puntos de alta potencia en los corredores principales para alinearse con los mandatos de Bruselas. Otros países de Europa oriental se encuentran en una situación parecida.
A pesar de este progreso generalizado, hay un Estado miembro que no ha logrado satisfacer las exigencias de capacidad de carga fijadas por la normativa AFIR. Se trata de Malta, que por su tamaño no afecta demasiado al porcentaje global de la UE, pero que es un pequeño borrón en el tablero.
Las razones detrás de este incumplimiento puntual responden a una combinación de factores burocráticos en la concesión de licencias, retrasos en la acometida de las conexiones a la red eléctrica de alta tensión y una penetración del vehículo electrificado que no ha ido acompasada con el ritmo de inversión en puntos de suministro públicos. A medida que las exigencias europeas se endurezcan, la brecha de este país frente al resto del continente requerirá una aceleración inmediata de las inversiones para evitar sanciones comunitarias y garantizar el libre tránsito de conductores de vehículos eléctricos por su territorio.
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Europa brilla en sostenibilidad, pero un país se queda atrás en la carga de coches eléctricos
