Con un beneficio de 1.200 € por batería, los talleres ilegales de China concentran el 75% del reciclaje y alimentan el mercado negro

China se enfrenta a un desafío creciente en uno de los pilares clave de su transición hacia la movilidad eléctrica: el reciclaje de las baterías de los vehículos eléctricos. Según investigaciones recientes de medios locales, una amplia red de talleres clandestinos sin licencia domina actualmente este proceso, gestionando en torno al 75% de las baterías retiradas, al margen de la regulación oficial y con importantes riesgos para el medio ambiente y la seguridad.
El fenómeno ha sido documentado por el medio chino Yicai, que logró acceder a uno de estos talleres ocultos en la provincia de Guangdong. En instalaciones sin identificación empresarial y bajo estrictos controles de acceso, se encontraron cientos de baterías desmontadas, herramientas improvisadas y trabajadores manipulando celdas sin equipos de protección adecuados. El objetivo es claro: maximizar beneficios en un mercado altamente lucrativo y escasamente vigilado.
El modelo de estos talleres es simple pero eficaz. Compran baterías usadas de todo el país procedentes de aseguradoras, subastas, empresas de movilidad o propietarios particulares, las desmontan y clasifican las celdas según su estado. Aquellas que conservan más del 50% de su capacidad se “reacondicionan” y se revenden para bicicletas eléctricas, triciclos, sistemas de almacenamiento o baterías portátiles. Las celdas degradadas se trituran para extraer metales valiosos como litio, níquel o cobalto.
Los márgenes son elevados. Un solo vehículo eléctrico puede generar beneficios cercanos a los 10.000 yuanes (unos 1.200 euros), lo que permite a estos talleres pagar hasta un 30% más por las baterías usadas que las empresas autorizadas. Esta ventaja económica les permite interceptar el suministro y dejar a las compañías legales sin materia prima suficiente.
Más allá del impacto económico, el problema tiene una dimensión ambiental crítica. Estos talleres carecen de la tecnología necesaria para una recuperación eficiente y segura de materiales. Mientras empresas homologadas logran tasas de recuperación superiores al 90%, los talleres ilegales apenas realizan procesos básicos que generan residuos contaminantes y desperdician recursos estratégicos.
Además, la falta de trazabilidad es total. No existe control sobre el origen ni el destino final de las baterías, y se han detectado prácticas peligrosas como la mezcla de celdas de distintas capacidades, lo que incrementa el riesgo de incendios y fallos en productos reutilizados.
Paradójicamente, China cuenta con una capacidad oficial de reciclaje muy superior a la demanda gestionada por vías legales. Aunque la capacidad instalada alcanza los 3,8 millones de toneladas, las empresas autorizadas apenas procesan el 18% de esa cifra. La competencia desleal de los talleres clandestinos ha puesto en jaque la rentabilidad de compañías que han invertido millones en instalaciones y tecnología.
Con la previsión de que más de un millón de toneladas de baterías lleguen al final de su vida útil antes de 2030, el problema amenaza con agravarse si no se actúa con rapidez.
Ante esta situación, el Gobierno chino pondrá en marcha en abril nuevas medidas provisionales para reforzar la trazabilidad, el control del reciclaje y la reutilización de baterías. El objetivo es crear un sistema integrado que conecte fabricación, reciclaje y regeneración, y reduzca el peso del mercado ilegal.
Expertos y asociaciones del sector coinciden en que será necesario endurecer las sanciones, mejorar la supervisión y vincular el reciclaje oficial a trámites como la baja de los vehículos, siguiendo modelos ya aplicados en la Unión Europea. Solo así, advierten, será posible garantizar un reciclaje seguro, eficiente y sostenible.
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