La transición hacia una movilidad de cero emisiones se enfrenta a varios retos, y la realidad económica de los conductores es uno de ellos. Aunque las tecnologías híbridas y eléctricas ganan protagonismo en las agendas políticas, la renovación del parque automovilístico sigue siendo una tarea pendiente. Jaime Barea, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), ha destacado en una reciente entrevista que para acelerar la descarbonización es imprescindible poner el foco en el bolsillo de los usuarios.
Para el sector de la automoción, la renovación del parque móvil no es solo una cuestión comercial, sino la piedra angular de cualquier estrategia eficiente. La brecha entre las normativas de emisiones y el poder adquisitivo de la población exige un cambio de rumbo en las políticas de incentivos, redefiniendo el papel que deben jugar el vehículo nuevo y los planes de ayuda en la transición energética.
La antigüedad media de los coches en España esconde una realidad social sobre la que Barea ha puesto especial énfasis. Tener un coche con más de 15 años no responde a una falta de conciencia ecológica por parte del usuario, sino a una limitación presupuestaria clara. El binomio salario-precio es un obstáculo para acceder a las tecnologías más limpias.
El acceso directo a un coche eléctrico de última generación, incluso aplicando los incentivos estatales, suele exigir un desembolso fuera de la capacidad de la población con rentas ajustadas. Por este motivo, si se busca una reducción efectiva de las emisiones globales, la solución no pasa solo por vender coches nuevos, sino por mecanismos que faciliten la retirada de modelos más antiguos, ineficientes y contaminantes.
Para lograr que el coche eléctrico deje de ser un producto de nicho y se convierta en una alternativa de masas, la estrategia de incentivos debe dar un giro radical. Jaime Barea apunta a que el verdadero impulso de la movilidad eléctrica no llegará solo con llevar modelos a los concesionarios, sino cuando los planes de estímulo del Gobierno se diseñen pensando en las necesidades reales del ciudadano medio. La electrificación necesita democratizarse, y para ello es fundamental que las subvenciones públicas no solo cubran los modelos nuevos con más prestaciones, sino que abran el abanico para hacer accesible la tecnología de cero emisiones.
Para que la adopción de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables avance al ritmo que exige la Unión Europea, el marco de ayudas debe ser directo, ágil y atractivo para el comprador. Cuando el conductor percibe que el salto hacia un motor eléctrico es accesible para su economía, desaparecen las dudas. Por ello, orientar los fondos públicos de manera eficaz hacia soluciones eléctricas es el único camino para transformar la intención de compra en una realidad.
Para que la descarbonización progrese con paso firme,hace falta activar un plan integral enfocado en el achatarramiento de vehículos obsoletos. La clave para elevar la eficacia de este tipo de medidas radica en un principio simple pero fundamental: un conductor con pocos recursos debe ver más rentable entregar su viejo vehículo para su destrucción definitiva que intentar mantenerlo en circulación por falta de alternativas.
Los incentivos directos y eficaces que premien la baja definitiva a cambio de facilidades reales para adquirir tecnología limpia son la única medida que permita renovar el parque móvil de verdad. El objetivo prioritario consiste en no dejar a nadie atrás por motivos económicos, convirtiendo la transición ecológica en un proceso inclusivo, realista y adaptado a las condiciones actuales del mercado.
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Jaime Barea, presidente de Ganvam, asegura que se tiene que acelerar la descarbonización con incentivos: "Los que tienen un coche de más de 15 años no lo tienen por capricho"
