Hace tiempo que hay bastante revuelo alrededor del sistema de etiquetado medioambiental de la Dirección General de Tráfico en España, ya que distintas partes del sector apuntan a que está desvirtuado y debe modificarse.
El Gobierno, por voz de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha salido en defensa de este sistema, pues considera que es adecuado y que, cuando se propuso modificar en 2020, todas las partes entendieron “que en ese momento no se daban las condiciones necesarias para la actualización”.
Eso sí, en la sesión celebrada en el Senado esta misma semana, Marlaska también aseguró que el Gobierno está abierto a una revisión de las etiquetas medioambientales siempre que “los expertos nos pongan encima ese acuerdo” y que cuente “con el aval de los sectores implicados”.
Una de las partes interesadas y que más crítica se ha mostrado con la forma de etiquetar a los vehículos en España es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que entiende que el problema reside en que el etiquetado medioambiental está orientado al tipo de motor que utiliza el coche y su fecha de matriculación, pero no al nivel real de contaminación generada.
Esto, entiende la OCU, desvirtúa el sistema, y provoca situaciones injustas para los consumidores en aquellas partes de las ciudades consideradas de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Como el sistema está obsoleto, lo que está ocurriendo es que se da el caso de que automóviles con etiquetas más ventajosas pueden circular sin restricciones en las ZBE pese a tener un consumo de combustible y unas emisiones de CO2 más altas que otros con ‘peores’ etiquetas y que tienen restringida la entrada a esas zonas.
Ocurre de manera especialmente notable en el caso de los vehículos con tecnología híbrida enchufable o PHEV, que tienen derecho a la etiqueta medioambiental CERO, la misma que un coche 100% eléctrico. Lo que pasa es que hay conductores que compran este tipo de híbridos por la etiqueta que tienen, pero si no cargan la batería de manera adecuada para circular en modo cero emisiones durante los kilómetros recorridos en las ZBE, acaban contaminando tanto o más que un coche con la etiqueta B, C o ECO.
Y eso es un problema que distintos informes han sacado a la luz, incluido uno de la Comisión Europea, y que la OCU ha reiterado en numerosas ocasiones, pero no es el único. Para la etiqueta ECO también hay críticas, pues los fabricantes han aprovechado un limbo legal que está permitiendo que vehículos microhíbridos (MHEV) la obtengan sin que esa pequeña electrificación reduzca el consumo o las emisiones de motores similares a los que les corresponden las pegatinas B o C.
Otro problema reside en que no hay una homologación común entre los distintos países de Europa, tampoco entre los Estados fronterizos, aunque Marlaska ha hecho hincapié en que el sistema español es “más restrictivo que en muchos otros países de la Unión Europea”.
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