La Comisión Europea ha reconocido explícitamente que muchos hogares de clase media en Europa ya no pueden permitirse comprar un coche. Esta realidad marca el tono de la nueva normativa para el sector de la automoción que el Ejecutivo comunitario presentará este martes.
Como respuesta, Bruselas plantea impulsar el desarrollo y la producción de un vehículo eléctrico pequeño y asequible, al tiempo que prepara una flexibilización parcial del calendario para el fin de los motores de combustión.
El diagnóstico aparece recogido en un borrador de la iniciativa legislativa al que han tenido acceso varios medios europeos. En él, la Comisión advierte de una “tendencia generalizada de aumento de los precios de los vehículos en toda la Unión Europea”, un fenómeno que, según el texto, está alejando progresivamente a amplias capas de la población del acceso a la propiedad de un vehículo privado.
Sin entrar a valorar directamente la pérdida de poder adquisitivo de la clase media en los últimos años, el documento asume que el resultado es claro: cada vez más familias europeas tienen dificultades para adquirir un automóvil nuevo, incluso en los segmentos de entrada del mercado.
Esta realidad preocupa a Bruselas no solo desde el punto de vista social, sino también industrial, en un momento en el que la transición hacia la movilidad eléctrica avanza de forma desigual entre países y consumidores.
Uno de los principales obstáculos identificados por la Comisión es el precio de los vehículos eléctricos.
Según el propio borrador, la mayoría de los modelos eléctricos a la venta en Europa superan actualmente los 25.000 €, una barrera de entrada elevada para buena parte de los hogares.
Ante este escenario, el Ejecutivo comunitario recuerda que en septiembre de 2023 la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció una iniciativa específica para promover un coche pequeño y asequible, concebido como una palanca para dinamizar el mercado europeo del vehículo eléctrico.
Ahora, la Comisión propone dar un paso más e integrar formalmente ese concepto en la legislación europea sobre vehículos de motor, de manera que pueda servir de base para medidas regulatorias concretas tanto a escala comunitaria como en los Estados miembros. El objetivo, según el texto, es doble: por un lado, simplificar el marco normativo para los fabricantes y, por otro, mejorar la viabilidad económica de producir este tipo de vehículos de forma rentable en Europa.
Bruselas sostiene que esta estrategia permitiría reforzar la competitividad de la industria europea, reducir los costes de producción y, en última instancia, trasladar precios más bajos a los consumidores.
La iniciativa también busca responder a la creciente presión de fabricantes asiáticos, especialmente chinos, que han logrado posicionar modelos eléctricos de bajo coste en varios mercados europeos.
Paralelamente, la nueva normativa incluirá una flexibilización del calendario para el fin de los vehículos con motor de combustión, fijado inicialmente en 2035. Aunque los trabajos siguen abiertos y la redacción definitiva se cerrará en el último momento, la Comisión estudia permitir a los fabricantes mantener hasta un 10% de las emisiones de CO₂ registradas en 2021, lo que en la práctica introduciría una mayor flexibilidad en los objetivos finales.
Este ajuste supone matizar uno de los pilares de la transición verde impulsada durante la primera Comisión presidida por Von der Leyen.
La presión para suavizar ese calendario ha sido intensa, especialmente desde Alemania, donde la industria del automóvil desempeña un papel central en la economía y el empleo.
En Berlín, el temor a una transición demasiado rápida, sumada a los actuales desafíos industriales y energéticos, ha llevado al Gobierno y al sector a reclamar más margen de maniobra.
El canciller alemán, Friedrich Merz, junto con el liderazgo del Partido Popular Europeo, ha insistido en la necesidad de evitar lo que consideran una “prohibición tecnológica”.
Ya el pasado otoño, el líder del PPE defendió públicamente que el motor de combustión seguiría teniendo cabida en Europa y que los consumidores deberían mantener todas las opciones abiertas en cuanto a sistemas de propulsión.
En declaraciones recientes a medios alemanes, Merz ha reiterado que una prohibición total de los motores térmicos “está descartada”, una posición que refuerza la línea de mayor flexibilidad que ahora parece adoptar la Comisión. Este enfoque, sin embargo, contrasta con el defendido por otros Estados miembros, entre ellos España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó la pasada semana por carta a Ursula von der Leyen su petición de mantener los objetivos de reducción de emisiones de CO₂, al considerar que cualquier relajación podría poner en riesgo la credibilidad climática de la Unión y frenar inversiones clave en electrificación.
REDACCIÓN FV MEDIOS
