Menos de la mitad de las ciudades con obligación a zonas de bajas emisiones ha hecho los deberes a tiempo en España

Apenas uno de cada tres municipios españoles que están obligados a implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) ha cumplido hasta ahora con la normativa. Según datos recopilados por Velca, fabricante español de motos eléctricas, a partir de informes del RACE y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), únicamente 55 de las 149 ciudades afectadas han puesto en marcha estas áreas restringidas al tráfico más contaminante.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 establecieron la obligatoriedad de que las urbes de más de 50.000 habitantes limitaran el acceso a los vehículos más contaminantes. Sin embargo, la implantación práctica de estas medidas avanza de forma desigual y a un ritmo más lento de lo esperado, lo que, según Velca, está ralentizando la transición hacia una movilidad eléctrica real en España.
Para la compañía española, el retraso administrativo no solo se refleja en la creación de ZBE, sino también en la falta de incentivos eficaces, la lentitud en la entrega de las ayudas, y el desarrollo insuficiente de infraestructura de recarga.
El consejero delegado de Velca, Emilio Froján, advierte de la magnitud del problema: “Más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta ambiental. Parece que toda la atención se centra en los coches, pero existe un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las motos. Necesitamos acelerar la electrificación y para eso hace falta decisión política, información y facilidades para los ciudadanos”.
Actualmente, el Plan Moves 3, principal herramienta de apoyo a la compra de vehículos eléctricos, acumula un retraso medio de dos años en la entrega de las ayudas, lo que, según la empresa, frena la confianza de los consumidores. Además, diez comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, aún no han desbloqueado las convocatorias de estas subvenciones, lo que mantiene paralizado el acceso a los incentivos.
En regiones donde sí se lanzaron las ayudas, como la Comunidad de Madrid, los fondos públicos se agotaron en pocas semanas, generando una lista de espera para los solicitantes que llegaron después.
Otro de los reclamos de Velca se centra en la falta de infraestructura de recarga adaptada a motos y ciclomotores eléctricos. La compañía propone incrementar la instalación de enchufes domésticos de 220 voltios en calles, garajes y viviendas, lo que permitiría cargar estos vehículos en pocas horas con soluciones de bajo coste.
Según la firma, apostar por medidas simples y accesibles puede ser clave para impulsar la movilidad de dos ruedas y contribuir a que las ZBE cumplan con su verdadero objetivo: reducir las emisiones contaminantes y acelerar la descarbonización del transporte urbano.
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