No es normal que 3 de cada 4 baterías recicladas acaben en talleres ilegales que aprovechan que es un negocio muy rentable

El rápido crecimiento del coche eléctrico en China ha abierto un nuevo frente: el reciclaje de baterías. Según investigaciones difundidas por el medio asiático Yicai, una red de talleres clandestinos sin licencia gestiona actualmente cerca del 75% de las baterías retiradas de vehículos eléctricos, operando al margen de la regulación oficial.
Estas instalaciones, detectadas en provincias como Guangdong, funcionan sin identificación empresarial visible y con fuertes restricciones de acceso. En su interior, cientos de baterías son desmontadas manualmente, en muchos casos sin equipos de protección adecuados ni tecnología avanzada para el tratamiento seguro de materiales.
El atractivo económico explica la proliferación de estos talleres. El modelo es sencillo: compran baterías usadas procedentes de aseguradoras, subastas, empresas de movilidad o particulares, desmontan los módulos y clasifican las celdas según su estado.
Las que conservan más del 50% de capacidad se reacondicionan y se venden para bicicletas eléctricas, triciclos o sistemas domésticos de almacenamiento. Las más degradadas se trituran para recuperar metales estratégicos como litio, níquel o cobalto.
El margen puede alcanzar los 10.000 yuanes por batería (unos 1.200 euros), lo que permite a estos operadores pagar hasta un 30% más por las baterías usadas que las empresas autorizadas. Esa ventaja económica les garantiza el suministro y deja a la industria legal sin suficiente materia prima.
Más allá del perjuicio económico, el problema tiene una dimensión ambiental crítica. Mientras las compañías homologadas logran tasas de recuperación de materiales superiores al 90%, los talleres ilegales aplican procesos rudimentarios que generan residuos contaminantes y desperdician recursos valiosos.
La falta de trazabilidad es total. No existe control sobre el origen ni el destino final de las baterías manipuladas. Además, se han detectado prácticas como la mezcla de celdas de distintas capacidades, lo que incrementa el riesgo de incendios y fallos técnicos en los productos reacondicionados.
Este escenario preocupa especialmente en un país que lidera la producción y venta de vehículos eléctricos a nivel mundial y que afronta en los próximos años una avalancha de baterías al final de su vida útil.
Paradójicamente, China cuenta con una capacidad oficial de reciclaje muy superior a la demanda que llega por canales legales. Aunque la infraestructura instalada puede procesar hasta 3,8 millones de toneladas, las empresas autorizadas apenas gestionan el 18% de ese volumen.
La competencia desleal de los talleres clandestinos pone en riesgo la viabilidad de compañías que han invertido grandes sumas en tecnología y sistemas de recuperación avanzados. Con la previsión de que más de un millón de toneladas de baterías alcancen el final de su vida útil antes de 2030, la presión sobre el sistema aumentará.
Ante este panorama, las autoridades chinas prevén reforzar a partir de abril los mecanismos de control, trazabilidad y supervisión del reciclaje de baterías. El objetivo es crear un sistema integrado que conecte fabricación, reutilización y reciclaje, reduciendo el peso del mercado negro.
Expertos del sector consideran que será necesario endurecer sanciones y vincular el reciclaje oficial a trámites obligatorios, como la baja de los vehículos, para garantizar que las baterías sigan un circuito regulado.
El desafío no es menor: asegurar un reciclaje seguro y eficiente será clave para que la transición eléctrica mantenga su credibilidad ambiental y económica.
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