Electrificar las carreteras es el gran reto de esta década. Aunque España sigue rezagada respecto a Europa en el despliegue del vehículo eléctrico, los datos del mercado muestran una tendencia positiva. Las matriculaciones de motorizaciones cien por cien eléctricas representaron, en el último mes, el 9,52% del total. Un porcentaje que asciende a más del 20% si se incluyen los híbridos enchufables.
Algo ha cambiado en el último año. Los consumidores parecen perder, poco a poco, el temor a la electromovilidad y cada vez son más los que dejan atrás la movilidad basada en combustibles fósiles. Los precios competitivos de algunas marcas chinas han contribuido notablemente a este cambio.
Con estos datos, España se consolida como la quinta economía europea con mayor cuota de matriculaciones de turismos electrificados, por detrás de Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal. La confianza de los consumidores es clave, y existen políticas públicas que podrían disipar cualquier duda residual. Una de las más importantes es el despliegue de la red de puntos de recarga, un factor decisivo en la compra de un vehículo eléctrico.
La fiscalidad ha demostrado ser una herramienta con gran capacidad transformadora. Beneficios como el estacionamiento gratuito en zonas reguladas o bonificaciones en impuestos municipales son un claro incentivo. El éxito es evidente en el autoconsumo, donde el 67% de los ayuntamientos bonifican el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para instalaciones solares.
Entonces, ¿por qué no aplicar este modelo a la instalación de puntos de recarga? Permitir que los ciudadanos bonifiquen sus tasas municipales para instalar puntos en sus aparcamientos privados sería un aliciente más para la movilización ciudadana y un reconocimiento fiscal a quienes abandonan la movilidad fósil.
Pero no debemos quedarnos ahí. Los ayuntamientos pueden impulsar que las empresas que instalen puntos de recarga reciban bonificaciones en impuestos clave como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
En España, según datos de la Fundación Renovables y AEDIVE, solo el 18% de los ayuntamientos ofrecen ventajas fiscales para instalaciones de puntos de recarga. Un porcentaje insuficiente para alcanzar los objetivos de electrificación del transporte.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece la meta de 5,5 millones de vehículos eléctricos matriculados para 2030. Para lograrlo, necesitamos no solo aumentar las ventas, sino también ofrecer incentivos a consumidores y empresas. Una empresa que considere descarbonizar su flota podría ver en la bonificación del IAE una oportunidad para reducir el coste global de su inversión.
Las medidas fiscales deben apoyar a ciudadanos y empresas que dan un paso crucial hacia la sostenibilidad. Por ello, los ayuntamientos deben actuar de forma coordinada para garantizar que las tres ordenanzas fiscales principales —IBI, ICIO e IAE— ofrezcan compensaciones por la instalación de infraestructuras de recarga.
Los alcaldes deben comprender que impulsar la electromovilidad no solo posicionará a sus ciudades a la vanguardia de la movilidad sostenible, sino que mejorará la calidad del aire y reducirá la contaminación acústica. Implementar políticas fiscales que faciliten una red robusta de puntos de recarga es un paso esencial hacia la descarbonización del transporte, y nuestros municipios deben actuar con urgencia.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**
