Los radares son un elemento sin el que ya no se conciben las carreteras españolas. Desde el radar fijo original, la tecnología ha evolucionado hasta llegar a los llamados radares pistola, que llevan el control de velocidad a un nuevo nivel.
Hasta ahora, la vigilancia de los límites de velocidad se llevaba a cabo principalmente mediante cinemómetros fijos, de tramo o móviles instalados en vehículos. Estos nuevos dispositivos son portátiles, mucho más versátiles y difíciles de detectar.
Al poder llevarse a mano, es fácil colocarlos en cualquier sitio y variar su posición, lo que minimiza las posibilidades de que los conductores avisen al resto mediante aplicaciones o navegadores.
La Policía Local de La Unión (Murcia) ha incorporado un nuevo radar de control de velocidad, una herramienta más dentro de la inversión que el Gobierno Regional está realizando en la localidad. A esta incorporación se suman nuevos vehículos policiales, cámaras de videovigilancia y otras mejoras tecnológicas que refuerzan la seguridad.
El modelo más avanzado en uso en España es el TruCam II, un cinemómetro portátil de última generación que destaca por medir la velocidad de un vehículo a distancias de hasta 1,2 km, ampliando significativamente el área de acción de los radares tradicionales.
Esto tiene un precio: estos equipos pueden costar entre 70.000 y 80.000 euros por unidad. El coste se justifica por sus características: son ligeros (aproximadamente 1,6 kg), pueden usarse en modo pistola o montados en trípode, y operan hasta ocho horas con baterías intercambiables.
Esta flexibilidad permite adaptarlos a entornos urbanos o interurbanos con alta siniestralidad.
Gran parte del coste se debe a su tecnología láser y de cámara avanzada, que no solo mide la velocidad, sino que puede realizar hasta tres fotografías por segundo, identificar la matrícula y enviar la información de la infracción en tiempo real al centro de procesamiento de multas. Esto acelera el procedimiento sancionador.
Aunque su presencia en las carreteras españolas no es nueva, su despliegue no es muy amplio. La Dirección General de Tráfico (DGT) adquirió recientemente 15 unidades, pero han vuelto a destacar porque los cuerpos de policía municipal, como el de La Unión, han empezado a utilizarlos y han publicado vídeos demostrando su funcionamiento.
La introducción de estos dispositivos ha generado opiniones diversas.
Algunos valoran su potencial para incrementar la percepción de control y disuasión, ya que al poder cambiar de ubicación fácilmente, dificultan que los conductores anticipen dónde pueden ser multados. Otros consideran que es una inversión excesiva con objetivo recaudatorio, que podría dedicarse a reasfaltar y arreglar las carreteras.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**
