Los radares son un elemento indispensable en las carreteras españolas. Desde el radar fijo original, la tecnología ha evolucionado hasta llegar a los llamados radares pistola, que llevan el control de velocidad a un nuevo nivel.
Hasta ahora, la vigilancia de los límites de velocidad se realizaba principalmente mediante cinemómetros fijos, de tramo o móviles instalados en vehículos. Estos nuevos dispositivos son portátiles, más versátiles y más difíciles de detectar.
Al poder llevarse a mano, es fácil colocarlos en cualquier sitio y variar su posición, lo que minimiza las posibilidades de que los conductores alerten al resto mediante aplicaciones o navegadores.
La Policía Local de La Unión (Murcia) ha incorporado un nuevo radar de control de velocidad, una herramienta más dentro de la inversión que el Gobierno Regional está realizando en la localidad.
A esta incorporación se suman nuevos vehículos policiales, cámaras de videovigilancia y otras mejoras tecnológicas que refuerzan la seguridad.
Desde la corporación piden a todos los vecinos y vecinas máxima precaución al volante.
Respetar los límites de velocidad es esencial para prevenir accidentes y garantizar una convivencia segura.
El modelo más avanzado que se utiliza en España es el TruCam II, un cinemómetro portátil de última generación que destaca por su capacidad para medir la velocidad de un vehículo a distancias de hasta 1,2 km, ampliando significativamente el área de acción de los radares tradicionales.
Esta tecnología tiene un precio elevado: estos equipos pueden costar entre 70.000 y 80.000 euros por unidad. El coste se justifica por sus características, que los hacen especialmente útiles para los equipos de seguridad: son relativamente ligeros (aproximadamente 1,6 kg) y pueden usarse de diferentes maneras, tanto en modo pistola, apuntando directamente al vehículo desde la mano del agente, como montados en trípode u otros soportes fijos o móviles.
Además, pueden operar hasta ocho horas con baterías intercambiables, lo que les otorga autonomía suficiente para largas jornadas de control sin recarga frecuente.
Esta flexibilidad permite adaptarlos a diferentes entornos, desde tramos urbanos hasta carreteras interurbanas con alta siniestralidad.
Gran parte del coste del radar se justifica por su tecnología. Su funcionamiento se basa en un sistema láser y de cámara avanzada que no solo mide la velocidad del vehículo, sino que además puede realizar hasta tres fotografías por segundo, identificar la matrícula e incluso enviar la información de la infracción en tiempo real al centro de procesamiento de multas.
Esto acelera el procedimiento sancionador, reduciendo el tiempo entre la detección de la infracción y la notificación al conductor.
Aunque su presencia en las carreteras españolas no es nueva, su despliegue no es muy amplio.
Se sabe que la Dirección General de Tráfico (DGT) adquirió recientemente 15 unidades de estos dispositivos, pero han vuelto a cobrar relevancia porque los cuerpos de policía municipal son los que han empezado a utilizarlos de forma más visible. La Policía Local de La Unión ha publicado recientemente vídeos demostrando el funcionamiento de estos nuevos equipos.
La introducción de estos dispositivos, como es habitual, ha generado opiniones diversas entre los ciudadanos. Hay quienes valoran su potencial para incrementar la percepción de control y disuasión, ya que al poder cambiar de ubicación fácilmente y operar sin soporte fijo, los radares pistola dificultan que los conductores anticipen dónde pueden ser multados.
Por otro lado, hay quienes consideran que se trata de una inversión excesiva con objetivo recaudatorio, y que el presupuesto podría dedicarse a otras mejoras, como el reasfaltado y la reparación de las carreteras.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**
