La entrada en vigor de la normativa Euro 7 en julio de este año marca un antes y un después en el sector de la movilidad, afectando tanto a los vehículos de combustión, a los híbridos y también a los eléctricos. Más allá de la reciente normativa CAFE y de la prohibición de vender coches de combustión en tan solo 10 años, la Unión Europea se plantea dar un paso más en la protección del medio ambiente y la salud pública, estableciendo límites aún más estrictos sobre las emisiones generadas por todos los tipos de vehículos.
En el caso de los vehículos de combustión, la nueva normativa se centra en endurecer las pruebas de homologación de emisiones. La prueba simula de forma más realista las condiciones de circulación, duplicando la distancia de la prueba habitual y, por ende, controla más rigurosamente los consumos. Además, impone que estos coches cumplan con los niveles de emisiones establecidos durante sus primeros 10 años de vida o 200.000 kilómetros, frente a los 5 años o 100.000 kilómetros que se exigían anteriormente.
Resulta paradójico, pero en el caso de los coches eléctricos la Euro 7 adopta un enfoque distinto. En lugar de centrarse en limitar las emisiones derivadas de la fabricación de las baterías que es un proceso que actualmente sigue siendo un reto medioambiental importante, la normativa ataca de frente las emisiones de microplásticos.
Estos microplásticos provienen, en gran medida, del desgaste de neumáticos y de las pastillas de freno. Aunque los vehículos eléctricos no emiten gases contaminantes, sí son responsables de liberar estas diminutas partículas, que, por su tamaño y ligereza, pueden flotar en el aire.
Estas micropartículas son especialmente preocupantes para la salud humana, ya que se acumulan en las carreteras y, al dispersarse, pueden terminar en los pulmones de las personas, pasando posteriormente al torrente sanguíneo. Diversos estudios han señalado que estas partículas tienen el potencial de ser cancerígenas, lo que subraya la necesidad de adoptar medidas que minimicen su emisión.
Los límites de emisiones de partículas de frenos (PM10) para automóviles y furgonetas (3 mg/km para vehículos eléctricos puros; 7 mg/km para la mayoría de los vehículos con motor de combustión interna (ICE), híbridos eléctricos y de pila de combustible y 11 mg/km para furgonetas ICE grandes).
Ante la inminente entrada en vigor de la Euro 7, los fabricantes de neumáticos y pastillas de freno ya han comenzado a trabajar para cumplir con las nuevas exigencias. Sin embargo, estas innovaciones tecnológicas y mejoras en el diseño no vendrán sin un coste para el consumidor.
Se ha confirmado que es posible que los usuarios tengan que afrontar un incremento de hasta 20 euros por neumático. Este dato adquiere especial relevancia en el contexto de los vehículos eléctricos, ya que, pese a no emitir gases contaminantes, estos coches suelen consumir más neumáticos que los de combustión.
El elevado par motor que generan puede desgastarlos con mayor rapidez, aunque el uso de pastillas de freno se vea reducido en comparación con los vehículos tradicionales. El incremento en los costes de producción y, en consecuencia, en el precio final de los vehículos podría verse compensado, a largo plazo, por una mejora sustancial en la calidad ambiental y la seguridad sanitaria. La innovación en materiales y procesos productivos forzará a la industria a buscar soluciones cada vez más avanzadas, lo que redundará en beneficios para la sociedad y el medio ambiente.
La Euro 7 no se detiene en el control de las emisiones directas y de los microplásticos. También introduce una normativa para regular la degradación de las baterías en los vehículos eléctricos. Concretamente, se exige que la batería conserve al menos el 80 % de su capacidad tras 5 años o 100.000 kilómetros, y que, al alcanzar los 8 años o 172.000 kilómetros, la capacidad mínima no baje del 72 %.
Esta medida busca garantizar que, a lo largo de su vida útil, las baterías mantengan un rendimiento adecuado, lo cual es fundamental para la fiabilidad y la confianza de los consumidores en los vehículos eléctricos.
El marco también introduce un ‘pasaporte medioambiental’ para nuevos vehículos que proporcionará detalles sobre su rendimiento y eficiencia energética al momento de su matriculación, por ejemplo, sobre emisiones de CO2, consumo de combustible o autonomía eléctrica.
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