Europa ya está eligiendo a los representantes de los ciudadanos en el Parlamento Europeo para los próximos cinco años. En materia de movilidad, los partidos políticos intentan persuadir a los votantes con nuevas propuestas, que abarcan desde posponer la prohibición de venta de coches de combustión hasta aumentar las multas por ingresar en las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades.
Desde 1979, los eurodiputados son elegidos directamente por los ciudadanos de los diferentes países de la Unión Europea. En el caso de España, se eligen un total de 61 representantes entre 33 candidaturas, lo que reflejará una correlación de fuerzas entre las principales formaciones políticas nacionales, como el PSOE, el PP, Sumar, Vox y Podemos, entre muchas otras.
En la Eurocámara, los partidos políticos se organizan según su afinidad ideológica, no por nacionalidades. Actualmente, existen siete grupos políticos en el Parlamento Europeo, donde se inscriben la mayoría de los cargos electos, aunque algunos deciden no formar parte de ninguno y se integran en el grupo de los no inscritos. En cuanto a movilidad, energía e industria automotriz, la disputa entre las diferentes formaciones se manifiesta claramente a través de las propuestas con las que buscan atraer a los votantes.
El Partido Popular aboga por posponer la prohibición de venta de coches con motor de combustión, que la Comisión Europea, bajo la presidencia de Úrsula von der Leyen, de la misma familia política, quiere imponer a partir de 2035. Sostienen que esta medida deberá implementarse una vez que «se alcance la electrificación en España» y haya una cobertura suficiente en todo el país, garantizando así la accesibilidad de los vehículos eléctricos para las familias.
Además, consideran que el Ejecutivo comunitario y los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la UE deben «dar pasos más decididos» para garantizar que la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos en Europa sea adecuada. Al Partido Popular también le preocupa la crisis de competencia que China pueda generar, aunque en este aspecto se centran en presionar para reducir las diferencias entre las marcas del gigante asiático y los fabricantes tradicionales europeos.
Por otro lado, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo busca crear una normativa que garantice el mantenimiento y buen estado de las autovías y autopistas en España, con la promesa de desplegar una red que conecte la Península Ibérica con el resto de la UE. Asimismo, abogan por eliminar los costos adicionales por maletas o por viajar con niños, y por imponer más multas a las compañías aéreas por retrasos, entre otros problemas relacionados con los vuelos.
Las propuestas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se centran en «garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos, ambientales y sociales derivados del Pacto Verde Europeo». Según su programa, pedirán a Europa un transporte público más asequible y sostenible.
Ponen especial énfasis en el impulso del Corredor Atlántico, las zonas rurales y el Mediterráneo. Sobre la contaminación, en aras de cumplir con lo ya firmado, abogan por el concepto «quien contamina paga», bonificando o finalizando fiscalmente a las empresas que no cumplan con sus objetivos climáticos.
Además, piden multas para las ciudades que no implanten las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y cumplan los requisitos para hacerlo como, por ejemplo, tener más de 50.000 habitantes, esto son, unas 150.
En el caso de VOX, la dirección apuesta por revertir el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, permitiendo así que los coches de combustión se mantengan más allá de 2035 y 2050. En general, quieren poner fin a cualquier medida que «criminalice» la industria del automóvil.
En dirección opuesta, Sumar presenta en su programa electoral la propuesta de adelantar la reducción de emisiones de gases contaminantes a 2040. Concretamente, proponen reducir las emisiones de los Estados miembros en un 65% para 2030, en lugar del 55% actualmente establecido.
La coalición dirigida por Yolanda Díaz se inspira en el modelo alemán y propone crear una tarifa plana europea de transporte público para viajar entre países de la UE, además de solicitar inversiones en infraestructuras. A través de los planes de movilidad urbana sostenible, buscan desplegar una red de carriles para bicicletas y vehículos de movilidad personal en todas las ciudades de Europa y revertir las prohibiciones de estos en algunas urbes del continente.
Podemos apuesta por aumentar la presencia del coche eléctrico y abaratarlo a través de una mejor fiscalidad, con reducciones en el impuesto de matriculación para vehículos eléctricos e híbridos (una medida que ya está en vigor en España). El objetivo es alcanzar una cuota de mercado del 25% para vehículos eléctricos el próximo año y del 70% para el año 2030, con el fin de tener una flota completamente «verde» a principios de la década de 2040.
El partido representado por Irene Montero propone abaratar el transporte público y hacerlo gratuito para los menores de 26 años en toda Europa, cubriendo trayectos tanto nacionales como intracomunitarios.
Dentro de las ciudades, la formación morada sugiere que se establezca un límite de velocidad de 30 km/h en todas las calles. A través de una directiva europea, buscan que las ciudades con más de 50.000 habitantes y las empresas con más de 100 empleados estén obligadas a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y alternativas al transporte privado.
Además, en el ámbito del transporte por carretera, propondrán un Programa Europeo de Reducción de Emisiones para promover el uso de camiones eléctricos y de combustibles alternativos, aunque no se especifica con precisión a qué se refieren en este punto en particular.
Redactor y probador especializado en vehículos eléctricos y movilidad sostenible. Escribe en Híbridos y Eléctricos desde 2017. Es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y Técnico especialista en vehículos híbridos y eléctricos por la SEAS. Ha trabajado en medios como Movilidad Eléctrica y Km77.
