Bruselas estudia volver a aplazar un arancel del 10% a los coches eléctricos británicos: el problema está en sus baterías

La Comisión Europea está estudiando una nueva prórroga de las reglas comerciales que permiten importar coches eléctricos fabricados en Reino Unido sin pagar aranceles adicionales. Según las últimas informaciones, Bruselas ha comenzado a consultar a los fabricantes sobre distintas alternativas para evitar que numerosos vehículos tengan que afrontar un gravamen del 10% a partir del 1 de enero de 2027. El principal obstáculo está en las baterías, ya que la industria europea y británica todavía depende considerablemente de componentes fabricados en Asia para producir sus automóviles eléctricos.
El problema tiene su origen en el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Reino Unido después del Brexit. Este tratado permite intercambiar vehículos sin aranceles siempre que cumplan determinados requisitos sobre el origen de sus componentes.
Sin embargo, las condiciones se endurecerán el próximo 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, para acogerse al comercio libre de aranceles, los coches eléctricos deberán cumplir normas que exigen, entre otros criterios, un contenido regional mínimo del 55% en el valor del vehículo.
Las exigencias también afectan a las baterías, con umbrales de contenido regional del 65% para celdas y módulos y del 70% para los paquetes completos, según las reglas aplicables.
Los automóviles que no acrediten el origen exigido podrían afrontar un arancel del 10% al cruzar la frontera entre Reino Unido y la UE. El problema es que numerosas fábricas británicas y europeas siguen utilizando baterías o materiales procedentes de fabricantes asiáticos, principalmente chinos y surcoreanos.
Aunque el debate suele centrarse en los coches británicos exportados a Europa, el problema afecta al comercio en ambas direcciones. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) calcula que la UE exportará aproximadamente 520.000 turismos y vehículos comerciales eléctricos a Reino Unido durante 2027. Según sus estimaciones, el 82% de esos vehículos no cumpliría las futuras normas de origen, lo que supondría unos 1.470 millones de euros en aranceles durante ese ejercicio.
Los fabricantes argumentan que las inversiones realizadas en nuevas fábricas europeas de baterías todavía necesitan tiempo para alcanzar la producción prevista. Por ello, ACEA propone mantener unos requisitos más flexibles hasta finales de 2029 y endurecer progresivamente las condiciones sobre celdas y materiales durante los años siguientes.
Esta situación también resulta relevante para España, por la importancia de las exportaciones de vehículos y componentes hacia otros mercados europeos.
No sería la primera vez que la Unión Europea y Reino Unido retrasan la entrada en vigor de requisitos más exigentes. En diciembre de 2023 acordaron prolongar hasta finales de 2026 las reglas transitorias que inicialmente debían expirar aquel año.
Sin embargo, aquel acuerdo también estableció restricciones a nuevas modificaciones hasta 2032, por lo que otra prórroga necesitaría una solución jurídica y política adicional. La Comisión está examinando distintas posibilidades, entre ellas un aplazamiento más corto de las exigencias previstas. Todavía no existe una decisión aprobada.
La cuestión plantea un dilema para Bruselas: exigir más componentes europeos para impulsar su industria de baterías o conceder tiempo adicional a los fabricantes para evitar que sus coches eléctricos pierdan competitividad.
La respuesta será especialmente importante para una industria que necesita reducir sus costes y acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico.
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