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El sector del coche eléctrico pide cambiar las ayudas en España: descuentos directos y cargadores que funcionen bien

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El sector del coche eléctrico pide cambiar las ayudas en España: descuentos directos y cargadores que funcionen bien

Las principales asociaciones de movilidad eléctrica de España han presentado una propuesta conjunta para acelerar la implantación del coche eléctrico hasta 2030. AEDIVE, AORU y AUVE han remitido a los grupos políticos doce medidas que incluyen descontar las ayudas directamente en el momento de la compra, reducir los trámites para instalar cargadores y garantizar que estos funcionen al menos el 98% del tiempo. También reclaman que ningún municipio de más de 5.000 habitantes esté a más de 30 minutos de un punto de recarga rápida. Por ahora, son propuestas del sector, no medidas aprobadas.
Una de las principales reclamaciones de las asociaciones afecta al funcionamiento de los incentivos públicos para adquirir vehículos eléctricos. AEDIVE, AORU y AUVE consideran necesario establecer un sistema de ayudas plurianual, con convocatorias previsibles y procedimientos más sencillos.
Su propuesta contempla que, siempre que sea jurídicamente posible, el comprador pueda beneficiarse del descuento directamente en el concesionario, sin tener que adelantar el importe de la subvención y esperar posteriormente a recibirlo, como ha venido ocurriendo con los distintos programas de subvenciones.
También solicitan mantener y simplificar las deducciones fiscales relacionadas con los vehículos eléctricos y los puntos de recarga. Las asociaciones plantean revisar la fiscalidad de los vehículos de empresa y favorecer la electrificación de flotas profesionales, incluyendo vehículos comerciales y transporte pesado.
Estas reivindicaciones llegan mientras sigue vigente el Plan Auto+, cuya convocatoria de 2026 finaliza el 31 de diciembre, aunque la concesión de ayudas también depende del presupuesto disponible.
La segunda gran prioridad es mejorar la infraestructura de recarga. Las asociaciones quieren establecer una disponibilidad mínima anual del 98% por punto de carga, excluyendo incidencias ajenas a los operadores, como el vandalismo, los robos de cableado o determinados retrasos de las distribuidoras.
También solicitan tarifas transparentes, facturas que diferencien el coste de la electricidad, el estacionamiento y las posibles penalizaciones, además de información abierta y sistemas interoperables. Según los últimos datos de AEDIVE, España contaba con 54.275 puntos de recarga pública operativos el 1 de noviembre de 2026, un 8,55% más que al finalizar 2025.
Sin embargo, las entidades consideran que aumentar el número de cargadores no es suficiente si siguen existiendo instalaciones pendientes de conexión eléctrica. Para evitarlo, proponen una ventanilla única digital, procedimientos administrativos homogéneos y la posibilidad de activar provisionalmente las instalaciones mientras se completan determinados trámites.
El documento también plantea un objetivo de cobertura territorial: que ningún municipio de más de 5.000 habitantes quede a más de media hora de un cargador rápido.
A ello se sumaría un Plan Nacional de Recarga en corriente alterna para viviendas, comunidades de propietarios, empresas y espacios públicos. Las asociaciones reclaman igualmente planificar la potencia eléctrica necesaria para nuevas estaciones y desarrollar una red específica de alta potencia para camiones.
Por último, proponen crear una mesa interministerial permanente y publicar informes trimestrales sobre cargadores operativos, conexiones pendientes e inversiones realizadas. Daniel Pérez, presidente de AORU, advierte de que los próximos cuatro años serán decisivos para la movilidad eléctrica española.
El objetivo de las tres entidades es que el próximo Gobierno incorpore estas medidas a su agenda y garantice una planificación estable hasta 2030.
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