La UE quiere que los coches eléctricos comprados con dinero público tengan un 70% de componentes europeos

La Unión Europea prepara un nuevo giro en su estrategia industrial para reducir la dependencia exterior y reforzar la fabricación dentro del continente. La propuesta del Industrial Accelerator Act introduce requisitos de origen europeo para determinados productos comprados con dinero público o beneficiados por ayudas, y el automóvil eléctrico está entre los sectores afectados.
En el caso de los vehículos, la propuesta exige que los coches eléctricos, híbridos enchufables y modelos de pila de combustible incluidos en determinados procedimientos de contratación pública estén ensamblados dentro de la Unión Europea. Además, al menos el 70% del valor de sus componentes, excluyendo la batería, deberá proceder también de la UE.
La medida no se limita al lugar donde se monta el coche. Bruselas quiere que buena parte de la cadena de suministro permanezca también dentro de Europa, desde componentes convencionales hasta elementos específicos del sistema de propulsión eléctrica. 
El anexo técnico de la propuesta establece que el valor de los componentes europeos, excluida la batería de tracción, deberá representar al menos el 70% del valor total de esas piezas. El vehículo tendrá además que haber sido ensamblado dentro de la UE.
En las baterías también habrá exigencias específicas. Entre otros requisitos, deberán contar con determinados componentes principales fabricados en Europa, incluidos progresivamente elementos como las propias celdas, el material activo del cátodo o el sistema de gestión de la batería. La Comisión quiere ir todavía más lejos con el paso del tiempo. Tres años después de la entrada en vigor de la norma, al menos el 50% del valor de los componentes del sistema de propulsión eléctrica deberá ser de origen europeo.
La misma proporción se aplicará a los principales sistemas electrónicos del vehículo. Con ello, Bruselas pretende evitar que un coche se considere europeo únicamente por haber sido ensamblado dentro de la UE mientras la mayor parte de sus piezas críticas proceden de terceros países.
El automóvil es solo una parte de una estrategia industrial mucho más amplia. El Industrial Accelerator Act introduce requisitos de contenido europeo o bajas emisiones para sectores considerados estratégicos, entre ellos acero, cemento, aluminio, tecnologías solares y eólicas, hidrógeno y nuclear.
La filosofía es utilizar el enorme volumen de compras públicas y ayudas europeas para impulsar la industria local. En lugar de adjudicar únicamente por precio, Bruselas quiere que el origen de los productos, su huella de carbono y la resiliencia de la cadena de suministro tengan cada vez más peso.
Aunque la propuesta no menciona exclusivamente a China, el objetivo de reducir la dependencia de proveedores extranjeros llega en plena expansión de los fabricantes chinos en Europa. Las marcas del país asiático han ganado terreno especialmente en coches eléctricos e híbridos enchufables y algunas ya están preparando fábricas dentro del continente.
El propio Gobierno chino ha respaldado esta semana que sus fabricantes aumenten las inversiones y la producción en Europa. La fabricación local podría convertirse así en una vía cada vez más importante para que las compañías asiáticas puedan acceder a ayudas públicas y contratos europeos bajo las nuevas reglas.
El requisito del 70% tiene un matiz importante: la batería queda fuera de ese cálculo general porque Bruselas establece condiciones específicas para ella. La propuesta exige inicialmente que la batería de tracción incorpore al menos tres componentes principales de origen europeo, entre ellos las celdas.
Posteriormente, las exigencias aumentarían hasta cinco elementos, incluyendo también el material activo del cátodo y el sistema de gestión. Esto convierte a las baterías en uno de los elementos clave de la estrategia industrial europea, en un momento en el que la UE intenta atraer nuevas fábricas de celdas y materiales.
La nueva norma todavía no está en vigor. El Industrial Accelerator Act es una propuesta legislativa de la Comisión Europea y todavía debe superar el proceso de negociación y aprobación dentro de las instituciones europeas, por lo que el texto definitivo podría cambiar.
Si finalmente sale adelante en los términos actuales, los requisitos para los vehículos comenzarían a aplicarse a los procedimientos de contratación pública iniciados seis meses después de la entrada en vigor de la regulación. Algunas de las obligaciones más estrictas sobre baterías, electrónica y propulsión eléctrica llegarían tres años después.
La idea de fondo es sencilla: si una administración europea utiliza dinero público para comprar un coche eléctrico, Bruselas quiere que una parte importante de ese dinero termine generando actividad industrial dentro de Europa. Esto podría tener consecuencias importantes para fabricantes europeos, chinos y también británicos. Reino Unido ya ha mostrado preocupación ante la posibilidad de quedar fuera de la definición de “Made in EU”, debido al estrecho vínculo entre sus fábricas y la cadena de suministro continental.
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